Incluso en un país habituado a los grandes escándalos de corrupción, la nueva información sobre Sandra Cuevas ha dejado a la opinión pública en estado de shock.

Un informe confidencial de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) reveló que la exalcaldesa de Cuauhtémoc habría recibido hasta 7 millones de dólares en efectivo de dos poderosos capos del crimen organizado: Alejandro Mendoza (El Choco) y Giovanni Mata (El Topo).

No se trata solo de una transacción ilícita, sino del pago más alto registrado a un funcionario de nivel municipal en la capital mexicana, planteando la inquietante pregunta: ¿queda aún algún muro de contención frente al poder destructor del dinero sucio?

Las investigaciones apuntan a que esta cifra no era más que un anticipo de un acuerdo mayor, valorado en 25 millones de dólares, que incluía la manipulación de contratos públicos, protección institucional y la posibilidad de influir directamente en procesos electorales a lo largo de seis años de mandato.

Desde el primer día de su gestión, Cuevas habría sellado una alianza oscura con el crimen. Ese mismo día, en una sala privada posterior a la toma de protesta, habría recibido 2,5 millones de dólares en efectivo de manos de El Choco, dando inicio a un pacto sin precedentes entre poder político y narcotráfico.

Los siguientes pagos se realizaron con una desfachatez asombrosa: maletas repletas de millones de dólares llegaron directamente a la oficina municipal, transportadas incluso en vehículos oficiales durante horas laborales.

Para garantizar la lealtad, Cuevas participaba en rituales simbólicos, jurando sobre billetes de dólar mientras era fotografiada por los propios criminales, quedando así bajo un sistema de chantaje permanente.

La investigación expuso además un “tarifario criminal” diseñado por Cuevas: 100.000 dólares por filtrar operaciones policiales, 200.000 por remover inspectores honestos, 500.000 por cada contrato público desviado.

Los “servicios premium” alcanzaban niveles escalofriantes: 1 millón para silenciar periodistas, 2 millones para manipular elecciones y hasta 3 millones para evitar extradiciones.

En la administración pública, la corrupción fue total. El 89% de los contratos adjudicados durante su mandato acabaron en manos de empresas vinculadas a El Choco y El Topo. Un centro cultural valuado en 45 millones de pesos quedó en papel, adjudicado a “Constructora Tepito SA”, ligada a la familia de El Topo.

Los sobreprecios alcanzaron márgenes del 300%, mientras que sicarios y operadores del crimen fueron registrados como “empleados fantasma” que cobraban sueldos del erario. En paralelo, la seguridad pública fue entregada a compañías vinculadas a los capos, cuyos sicarios vestían uniforme oficial.

El esquema financiero era aún más sofisticado. Cuevas operaba con 47 cuentas bancarias en México, Estados Unidos y Suiza, apoyada en una red de empresas fantasma y facturas falsas.

Recurrió a criptomonedas para mover capitales a nivel internacional y adquirió lujosas propiedades en Miami, Cancún, Puerto Vallarta y Madrid por más de 4,2 millones de dólares, ocultando la titularidad real a través de sociedades offshore.

El estilo de vida de la exalcaldesa reflejaba su enriquecimiento ilícito. Con un salario oficial de apenas 85.000 pesos mensuales, gastaba hasta 6 millones de pesos al mes.

Poseía un yate de 2,3 millones de dólares, un jet privado Gulfstream de 18 millones, una colección de bolsos Hermès, relojes Rolex y arte valuada en millones: obras de Diego Rivera, Frida Kahlo y Rufino Tamayo.

Además, una flota de autos de lujo —Ferrari, Lamborghini, Bentley, Maybach— confirmaba que vivía más como una “reina del crimen” que como servidora pública.

Para García Harfuch, encargado de la investigación, este caso marca un “punto de inflexión” en la lucha contra la narcopolítica.

La captura de El Topo y sus confesiones han desestabilizado las finanzas de La Unión Tepito y La Choquiza. Pero la verdadera amenaza va más allá de esos 7 millones: el modelo de corrupción de Cuevas podría haberse replicado en niveles de gobernadores e incluso federales.

La pregunta que sigue atormentando a la sociedad mexicana es clara y demoledora: Si una alcaldesa de una demarcación relativamente pequeña pudo recibir 7 millones de dólares, ¿cuánto habrán recibido los gobernadores, secretarios e incluso figuras de más alto rango por vender la democracia al mejor postor?